Aunque Gran Canaria pertenece al Reino de España, posee su propio gobierno y un estatus especial dentro de la UE.
Antes incluso de que Canarias fuese declarada una provincia española unificada en 1821, la lucha por la primacía entre las dos islas principales (Tenerife y Gran Canaria) había sido intensa.
En la nueva Constitución Española de 1978, las Islas Canarias recibieron un estatus de Comunidad Autónoma. En la práctica, significa que el archipiélago no es completamente independiente de España, pero posee un gobierno regional que disfruta de un gran margen de acción en relación a todos los asuntos internos.
En 1982 las islas vieron cumplidos sus sueños de autonomía finalmente. Santa Cruz de Tenerife (para las islas occidentales) y Las Palmas (para las orientales) llevan el gobierno conjuntamente. Las Palmas posee la mitad de las Consejerías regionales, mientras que al Parlamento lo nombra el pueblo en votación y al Delegado del Gobierno lo nombra Madrid. El Parlamento de Canarias cuenta con 60 miembros y siempre se reúne en Santa Cruz de Tenerife.
Gran Canaria, al ser la tercera isla en tamaño, posee 15 miembros en el Parlamento, un órgano que, además de su papel legislativo, dispone los presupuestos para las islas y nombra representantes para defender las cuestiones de la comunidad en la península.
Cada una de las islas posee un Cabildo Insular, que le permite un autogobierno hasta cierto punto y asume el control de los servicios locales. Las islas están divididas en 77 municipios, 21 de los cuales se encuentran en Gran Canaria y cada uno liderado por un alcalde.
